Quienes somos partidarios de utilizar medios adecuados para resolver los conflictos entre la ciudadanía, estamos contentos con la entrada en vigor de la recién publicada Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias. ( BOE 4/4/2023)
Está bien que el Gobierno de Navarra se proponga promover la resolución pacífica de conflictos y fomentar la mediación, y que al efecto cree los organismos oportunos, designe a sus coordinadores, haga planes, y supervise la calidad de los servicios y del personal, su formación previa y continua. Son requisitos necesarios para subvencionar esta actividad con fondos públicos.
Viene a reordenar en un marco prestaciones que ya se estaban prestando. Unifica en el departamento encargado de la Justicia dentro del Gobierno de Navarra todo lo relacionado con la justicia restaurativa y la mediación. Organiza al conjunto de departamentos que vienen interviniendo en este campo. Y crea comisiones, grupos de trabajo y redes.
Quedo pendiente del anunciado desarrollo reglamentario comprometido en el plazo de un año: el Registro de Mediación (de inscripción voluntaria), el sello de calidad, el código de conducta, los requisitos para ser agente restaurador comunitario, y los Planes Estratégicos y de Calidad.
Nada nuevo aporta, diferente de la regulación prevista en la ley estatal y de las leyes de procedimiento, con las que no entra en contradicción, sino que complementa.
Subraya la labor por la justicia restaurativa y la mediación en el seno del Gobierno de Navarra. Otra realidad son los servicios de mediación privados o institucionales a los que las personas interesadas en recibir apoyo para resolver sus conflictos de familia, empresariales u otros, pueden acudir. Confiemos en que los esfuerzos de unos y otros sean suficientes para atender la demanda.
